Amnistía Internacional solicitó este lunes a las administraciones de Haití y El Salvador asegurar la salvaguarda de los derechos fundamentales frente a la movilización de más de 2.000 efectivos militares salvadoreños en la capital haitiana para hacer frente a los grupos armados.
Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, señaló mediante un boletín que tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, tienen la obligación de asegurar que las actividades de los militares en territorio haitiano se ajusten a la normativa internacional sobre derechos humanos.
La representante agregó que la promesa del jefe de Gobierno de Haití de no tolerar abusos necesita materializarse en mecanismos de control reales.
Las agrupaciones delictivas, que dominan gran parte de Puerto Príncipe, enfrentan la oposición de la Policía Nacional Haitiana y de la Fuerza de Supresión de Pandillas, un cuerpo cuyo establecimiento fue avalado en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
A dicha ofensiva se incorporó en el transcurso del mes anterior un grupo superior a los 2.000 soldados enviados por Bukele bajo el argumento de colaborar en la localización de cuatro uniformados de su país adscritos a la Fuerza de Supresión de Pandillas, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos desde el 18 de octubre tras sufrir una emboscada de facciones armadas en el sector de Santo, ubicado en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.
La funcionaria de Amnistía Internacional exigió que ambos Estados hagan público el convenio que respalda el movimiento de tropas y aclaren los métodos de fiscalización, las directrices para el empleo de la fuerza, las instancias de rendición de cuentas y los canales para que los ciudadanos reporten abusos sin temor a represalias.
Fils-Aimé declaró la semana previa que su administración busca eliminar el control de las organizaciones criminales y restablecer el orden estatal con la asistencia salvadoreña y de la fuerza multinacional, si bien persiste la duda sobre si el contingente de El Salvador opera de manera independiente o junto a la policía local y el organismo de la ONU.
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, detalló la semana pasada que la mayor parte de los soldados salvadoreños en Haití no integran la Fuerza de Supresión de Pandillas, por lo que escapan de la jurisdicción y los sistemas de reporte de la Oficina de Apoyo de la Organización de las Naciones Unidas.
Piquer enfatizó que los ciudadanos haitianos merecen una existencia libre de violencia y temor, advirtiendo que las acciones de seguridad pueden incrementar los peligros para sectores poblacionales que ya sufren una grave crisis humanitaria, particularmente en las inmediaciones de zonas residenciales, centros educativos y recintos sanitarios.
Por este motivo, la organización civil recalcó que la aplicación de la fuerza debe apegarse estrictamente a la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad, subrayando que salvaguardar a los menores de edad, incluidos aquellos reclutados por las bandas, demanda personal instruido en derechos humanos, directrices precisas y asistencia especializada.
Tras recordar que los gobiernos haitiano y salvadoreño deben promover pesquisas veloces, autónomas e imparciales ante cualquier acusación de abusos, Amnistía Internacional demandó esclarecer el paradero de los cuatro militares de El Salvador y exigió su liberación inmediata e intacta en caso de permanecer cautivos por algún grupo armado.