Cinco naciones comunitarias impulsan la creación del primer centro de expulsión en territorio ruandés

Cinco naciones comunitarias impulsan la creación del primer centro de expulsión en territorio ruandés

Ruanda albergará el primer recinto de retorno de la Unión Europea ubicado fuera del territorio comunitario, una iniciativa inédita que contempla el traslado de extranjeros en situación irregular hacia naciones con las que no guardan relación alguna. El pacto entre la administración de Kigali y cinco socios comunitarios se presentará este lunes en Viena al concluir un proceso negociador de varios meses, conforme a la información proporcionada a Euronews por un par de informantes al tanto del expediente.

Este bloque favorable al endurecimiento migratorio se compone de Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia. Sus máximos responsables de Interior y Migración se reúnen en la capital austriaca junto al ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta. Cercano a la sede del encuentro, el canciller austriaco Christian Stocker y la primera ministra danesa Mette Frederiksen ofrecerán una conferencia de prensa vespertina para comunicar oficialmente el entendimiento.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la instalación inicial operará a modo de programa piloto para albergar a varios centenares de individuos expulsados desde los cinco Estados comunitarios entre la primavera y el verano de 2027. Consistirá en espacios abiertos donde los afectados residirán provistos de un permiso de residencia y con libertad de movimientos en el país, buscando favorecer su integración local y laboral.

En teoría, estas estructuras funcionan como alojamientos transitorios para personas pendientes de repatriación a sus patrias de origen. No obstante, al carecer de un plazo máximo de permanencia, los afectados afrontan el riesgo de quedar retenidos indefinidamente en suelo ruandés sin posibilidad de retorno.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) podría sumarse a los operativos de traslado una vez que la Eurocámara y los Estados miembros ratifiquen la modificación de su mandato propuesta por la Comisión Europea.

Las instalaciones de retorno generan inquietud en Europa respecto a su sintonía con el acervo comunitario y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Los críticos advierten sobre posibles transgresiones, sobre todo al implantarse en territorios con estándares democráticos limitados.

La normativa habilitante para que los socios europeos impulsen centros fuera del bloque exige que los terceros Estados cumplan estrictamente las directrices y principios internacionales en materia de derechos humanos conforme al Derecho internacional.

Según las Naciones Unidas, Ruanda arrastra antecedentes cuestionables en esta materia. Un convenio análogo pactado entre Kigali y el Reino Unido para la transferencia de solicitantes de asilo fue invalidado por la justicia británica en 2023 ante el peligro de violaciones a los derechos humanos.

Los cinco gobiernos recalcaron que la iniciativa respetará plenamente la legalidad comunitaria y los compromisos internacionales, operando en coordinación con entidades globales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Pese a ello, ACNUR y la OIM permanecen al margen de las conversaciones sobre los protocolos y contemplan su retirada si no se satisfacen ciertas premisas. Un portavoz de la OIM indicó a Euronews que su respaldo está supeditado a una solicitud formal del Estado receptor y a la certeza de que existan garantías suficientes.

A partir del próximo año, el inicio de las expulsiones podría acarrear escollos legales debido a que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, bajo la hermenéutica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, prohíbe desplazar personas hacia lugares donde enfrenten peligros de agravio a sus prerrogativas esenciales.

Eleonora Celoria, representante de la asociación italiana de juristas migratorios ASGI, advirtió a Euronews que este modelo expone a los migrantes a torturas y a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los cinco países participantes sufragarán en su totalidad los gastos derivados de las repatriaciones y del mantenimiento de los extranjeros en Ruanda.

Actualmente no existen cálculos sobre el gasto global ni se ha precisado la compensación que obtendrá Kigali. Durante 2025, el Ejecutivo ruandés suscribió un pacto para recibir ciudadanos de terceros Estados deportados desde Estados Unidos a cambio de aproximadamente 7,5 millones de dólares de asistencia financiera.

Un plan similar implementado por Italia en Albania ha generado controversia por su elevado costo, cifrado en 670 millones de euros para un quinquenio de cooperación. Investigaciones académicas italianas señalan que custodiar a los migrantes en dichas instalaciones resulta sustancialmente más oneroso que albergarlos en el territorio nacional.

Cada plaza disponible en Albania supera los 153.000 euros, mientras que espacios equivalentes en Sicilia rondan los 21.000 euros por habitante. Próximamente, un mayor número de socios comunitarios podría unirse al bloque integrado por Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia en la externalización de migrantes irregulares.

Diecinueve de los 27 gobiernos de la Unión Europea catalogan el esquema como un instrumento novedoso para la administración migratoria, tal como expresaron en una misiva conjunta remitida a los líderes comunitarios el pasado mes de junio. En contraste, capitales como Madrid y París han cuestionado la estrategia de deportaciones, contraponiéndose a una mayoría comunitaria en expansión.