Desplazamiento forzado de doce familias tsotsiles en Chiapas por amenazas armadas

Desplazamiento forzado de doce familias tsotsiles en Chiapas por amenazas armadas

Un grupo compuesto por doce familias indígenas tsotsiles dejó sus hogares este lunes 16.11.2026 en el municipio de Chenalhó, ubicado en el estado de Chiapas, al sur de México, huyendo de las intimidaciones de sujetos armados y ante el miedo a perder la vida, de acuerdo con la denuncia de los propios afectados.

Los núcleos familiares, procedentes de la comunidad de Tzanebolom, se encuentran resguardados actualmente en el auditorio municipal de usos múltiples.

El grupo incluye a mujeres, menores de edad y adolescentes que escaparon con lo estrictamente necesario, durmiendo sobre bancas y en el piso mientras aguardan un entorno seguro para poder retornar.

Dicho éxodo se aúna al de más de 267 personas que, de acuerdo con los datos recopilados, dejaron el poblado desde 2024 y continúan a la espera de ser reubicadas debido a la falta de condiciones para el retorno.

Los afectados indicaron que, a pesar de que el Gobierno de Chiapas estableció una mesa de seguridad en la localidad el 22 de octubre, se incrementaron el acoso y las intimidaciones dirigidas a quienes rechazan colaborar con los individuos armados, presuntamente asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre las personas desplazadas se encuentra Catarina Gutiérrez, madre de nueve hijos cuyas edades van de uno a 21 años, quien explicó que dejó su casa luego de que hombres armados iniciaran labores de vigilancia y hostigamiento a unos 20 metros de su propiedad.

La afectada relacionó las intimidaciones con la denuncia que interpuso ante la Fiscalía de Justicia Indígena por el homicidio de su esposo, Bartolomé Pérez Gómez, registrado el 10 de noviembre cuando transitaba por un sendero en sus cafetales.

Temiendo ser víctimas de un ataque, escapó de la población en compañía de sus hijos y otras mujeres que se oponen a las actuaciones de las autoridades locales, a las que acusan de colaborar con los delincuentes.

Agustín Garrías Pérez, otro damnificado, contó que volvió de Estados Unidos en el mes de mayo, pero no ha logrado reiniciar su rutina en el poblado junto a sus seres queridos.

Señaló que, mientras laboraba en territorio estadounidense, miembros de la facción exigían cuotas mensuales superiores a los 15.000 pesos, equivalentes a unos 800 dólares, destinados a la adquisición de cartuchos.

Tras rechazar el pago y comenzar la búsqueda de justicia por el homicidio de su hermano, Eluterio Arias Pérez, su seguridad y la de su esposa e hijos quedó en riesgo.

Explicó que entró a la localidad durante la madrugada para evacuar a su cónyuge, quien padecía una enfermedad, momento en el que escuchó a través de radios transmisores que sujetos armados planeaban asesinarlo.

Garrías Pérez sostuvo que los afectados se han presentado ante diversas autoridades estatales para pedir condiciones que garanticen su regreso.

Mencionó que el 28 de octubre asistió a un encuentro donde se les prometió progresar en la seguridad para regresar a sus viviendas, aunque puntualizó que hasta el momento no existen avances.

Asimismo, trajo a colación el homicidio del 28 de octubre del activista defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, quien respaldaba sus peticiones de justicia y retorno.

EFE intentó obtener la postura del alcalde de Chenalhó sin éxito, al tiempo que el secretario del ayuntamiento indicó no tener información sobre la situación de los desplazados y afirmó que solo tenía conocimiento de que pasaron la noche en el salón de usos múltiples.

Ante esta situación, los afectados pidieron la mediación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para detener la violencia, esclarecer los homicidios y asegurar un regreso sin riesgos a su comunidad.