Al menos 12 personas fueron asesinadas este miércoles 18.11.2026 en una región norteña de Honduras afectada por una ofensiva gubernamental contra el crimen organizado, de acuerdo con información de la policía.
Los homicidios se llevaron a cabo en cuatro locaciones dentro de un sector montañoso en el departamento de Yoro, sitio donde las fuerzas de seguridad ejecutan acciones contra el narcotráfico, según los informes oficiales.
Dicha zona funciona como base para una agrupación identificada como el cartel del Diablo, la cual fue catalogada recientemente como terrorista por el gobierno hondureño. La institución policial ofreció una recompensa cercana a 186.000 dólares para capturar a Esteban Ferrera, identificado como el líder de esta estructura delictiva.
Diversos medios locales, entre ellos HCH, transmitieron registros visuales de una vivienda presuntamente agredida, donde se aprecian tres cadáveres con rastros de sangre junto a un mensaje firmado con la frase de parte del Diablo.
Doce personas han perdido la vida en la madrugada de hoy en cuatro escenas distintas en Yoro, declaró ante los medios el comisionado policial Lenin Pineda, agregando que entre las personas fallecidas se encontraría una empleada municipal.
Los asesinatos podrian constituir una venganza tras la aprehensión, ocurrida el domingo, de la progenitora y una hermana de Ferrera, de acuerdo con informaciones de medios de comunicación de Honduras.
Condenamos con absoluta firmeza la masacre ocurrida hoy en Yoro, que ha cobrado la vida de 12 hondureños. Este crimen atroz no quedará impune, expresó a través de la red social X el presidente de derecha Nasry Asfura.
La administración de Asfura, vinculada políticamente al mandatario de Estados Unidos Donald Trump, inició acciones operativas contra las organizaciones criminales luego de implementar modificaciones legales orientadas a disminuir los índices de violencia.
El Estado responsabiliza al narcotráfico y a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 por la elevada tasa de homicidios que alcanza 24 por cada 100.000 habitantes, cifra que triplica la media global.
Las modificaciones legales impulsadas por Asfura, quien asumió el cargo en enero, permiten realizar registros domiciliarios sin requerir orden judicial y establecen que los tatuajes constituyan evidencia para culpar a sospechosos.
Asimismo, las normativas agravan las condiciones de reclusión e imitan la campaña antipandillas desarrollada por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, la cual ha recibido señalamientos por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas advierten que estas disposiciones colocan en peligro las garantías fundamentales.
No obstante que Asfura ha establecido la seguridad como eje central, las intervenciones no han disminuido de manera sustancial los crímenes, de acuerdo con registros policiales, mientras que la popularidad del mandatario se sitúa en 43% según la firma encuestadora CB Global Data.

