La decisión de la Fiscalía peruana de archivar la investigación sobre las esterilizaciones forzadas de más de 4.000 mujeres causo gran consternación entre las afectadas, quienes llevan décadas reclamando justicia.
El cierre del proceso se produjo en cumplimiento de una controvertida ley de amnistía impulsada por el partido Fuerza Popular, vinculado a la actual mandataria Keiko Fujimori.
Margarita Rojas, una de las afectadas, relató cómo fue intervenida en 1996 tras presiones de personal sanitario durante el mandato de Alberto Fujimori, bajo una política dirigida principalmente a sectores indígenas y vulnerables.
La Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos dictó el 22 de octubre el sobreseimiento del expediente y la prescripción de responsabilidades para 52 investigados, incluidos tres exministros de Salud.
El fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas admitió que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, pero justificó el archivo en base a la Ley 32107 aprobada en 2024 bajo la presidencia de Dina Boluarte.
El exministro Alejandro Aguinaga rechazó las acusaciones y sostuvo que nunca existió dicho programa forzoso, mientras que la normativa en cuestión ha generado profundos debates y discrepancias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.
Diversas organizaciones sociales y representantes legales han anunciado recursos para revertir esta medida y planean acudir nuevamente ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.