Se trata de un mecanismo clásico de la administración pública destinado a asegurar servicios básicos como luz, agua u orden público, considerado en México como una anomalía fiscal.
El impuesto predial es un gravamen universal que los gobiernos cobran a los dueños de terrenos, casas o locales para sostener los servicios comunitarios.
En México, los ciudadanos pagan una tarifa muy baja; la recaudación total representa el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio regional de 0,8%, de acuerdo con datos oficiales.
El valor catastral de los inmuebles mexicanos suele equivaler a entre el 30% y el 40% del valor comercial, según indican investigaciones especializadas.
Sin embargo, el predial no es el único caso donde los pagos son menores en comparación con el resto de América Latina, ya que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se sitúa en el 16%, dos puntos porcentuales abajo del promedio de la región.
Asimismo, cerca de 70 municipios situados en las fronteras abonan la mitad de ese porcentaje con el fin de mantener su competitividad frente a Estados Unidos al norte y Guatemala al sur.
Incluso existen productos esenciales, tales como el agua, insumos para la agricultura, medicinas y ciertos alimentos, que cuentan con tasa 0% de IVA.
Las irregularidades fiscales mexicanas tienen causas y efectos complejos, resumidos en un dato clave: con una recaudación de 15% del PIB proyectada para 2025, la nación recauda menos que cualquier otro socio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio alcanza el 34%.
En el ámbito latinoamericano, con una media del 21%, solamente Perú y Paraguay registran ingresos tributarios tan reducidos, mientras que países como Argentina, Brasil, Chile o Colombia se ubican muy por encima.
A pesar de esta situación, un pilar fundamental en la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum es el fortalecimiento de un Estado de bienestar basado en pensiones universales y ayudas sociales.
Recientemente, la mandataria planteó homologar los catastros para elevar los ingresos, iniciativa que la oposición calificó como un predialazo encubierto.
No obstante, Sheinbaum mantiene la promesa heredada de Andrés Manuel López Obrador de no crear ni subir impuestos.
Ante este panorama surgen interrogantes sobre los motivos de la baja recaudación en México y el momento en que esto comienza a representar un desafío.
Desde la perspectiva de las especialistas consultadas, el problema no radica en que la población pague pocos gravámenes, sino en que la evasión, la informalidad, las exenciones y la desconfianza generan ingresos deficientes.
Vanessa Romero Rocha, abogada y analista, señala que los trabajadores no pagan impuestos bajos, sino que la contribución es desigual al gravar de manera más simple a los empleados formales que a los grandes patrimonios e inversiones.
Por su parte, Mariana Campos, directora del centro de estudios México Evalúa, explica que existe un círculo vicioso que fomenta la evasión debido a que la informalidad, la corrupción, la criminalidad y los servicios deficientes se perciben como ausencia del Estado, lo cual daña la confianza.
Con una economía donde poco más de la mitad opera en la informalidad según México Evalúa, la capacidad para cobrar mediante rentas y salarios disminuye notablemente.
Mientras que en América Latina un promedio del 60% de las personas utiliza medios electrónicos de pago, en México este porcentaje llega al 40%.
Las grandes corporaciones asumen una parte importante de la carga tributaria al aportar 3,9% del PIB en impuestos, cifra similar al 3,8% de la OCDE.
El problema, según Campos, se concentra en la gran cantidad de empresas pequeñas que tributan poco o nada, y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que representa el 3,7% del PIB en contraste con el 8,2% de la OCDE.
Históricamente, el déficit principal ha estado vinculado a las exenciones y a la evasión a través de facturas falsas y subdeclaración de salarios mínimos.
Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum han enfocado sus acciones en modernizar sistemas, fiscalizar facturas, eliminar condonaciones y recuperar deudas pendientes.
Como ejemplo, el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego debió pagar cerca de US$1.800 millones en disputa con el fisco, medida que el empresario calificó como injusta y extorsiva.
Gracias a la digitalización y el fin de condonaciones, los ingresos tributarios pasaron del 13% del PIB en 2018 al 15% en 2025, aunque los expertos los consideran insuficientes para cubrir las obligaciones estatales.
El gasto público, ubicado en el 27% del PIB, resulta inferior al promedio regional y 10 puntos menor que el de la OCDE, pero funciona como un soporte clave para el mercado interno y la reducción de la pobreza.
El gobierno actual promueve derechos sociales constitucionales como becas, atención médica gratuita y pensiones para adultos mayores.
No obstante, estos planes se ejecutan bajo el compromiso de no elevar tributos ni retirar subsidios como el de los combustibles.
La venta de petróleo, que durante décadas fue la principal fuente de recursos públicos, experimentó cambios que redujeron su vulnerabilidad a los precios internacionales pero comprometieron las finanzas estatales.
Antes de 2019, la empresa estatal Pemex aportaba hasta el 65% de sus entradas en impuestos, mientras que hoy aporta menos del 30% en medio de una menor producción y una situación financiera endeudada.
Los ingresos petroleros descendieron del 3,8% del PIB en 2019 al 2,7% en 2025, lo cual obliga a buscar nuevas fuentes de financiamiento.
La economista Valeria Moy señala que los recursos petroleros sirvieron para evitar reformas fiscales, y al intentar aliviar la carga de Pemex sin lograr mejorar su funcionamiento, las finanzas públicas se complicaron.
Para la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, la economía encara una situación grave derivada de decisiones políticas previas.
México acumula cinco años sin crecer por encima del 2% anual, tendencia que podría persistir si no se modifica el modelo energético y productivo.
Un crecimiento moderado dificulta aumentar la recaudación sin una reforma estructural que homogeneice el IVA, combata la informalidad o grave el patrimonio.
Vanessa Romero indica que históricamente ha faltado disposición política para una reforma profunda, advirtiendo que un Estado con baja recaudación solo puede brindar servicios deficientes.
El proyecto de presupuesto para 2027 presentado al Congreso no contempla la creación ni el aumento de tasas, y confía en financiar el gasto mediante la sistematización y la cobranza.
Asimismo, el Plan México y los incrementos al salario mínimo buscan generar entradas estables, complementadas con endeudamiento interno y externo que ya alcanza el 55% del PIB.
Actualmente el país no atraviesa una emergencia económica, dado que la moneda se mantiene estable y la deuda es menor que en naciones comparables.
Sin embargo, las analistas advierten que una tensión fiscal prolongada podría provocar que las agencias internacionales reduzcan la calificación crediticia de México.
Según Moy, esto generaría devaluación, inflación, caída de la inversión y una crisis de finanzas públicas difícil de resolver.
Mientras se debate el alcance del impuesto predial y su gestión municipal o digital, los ciudadanos se preparan para elecciones legislativas y de gobernadores que reducirán el margen de acción de la presidenta, quien mantiene altos niveles de aprobación.
El Estado mexicano logró sortear durante años su baja recaudación gracias a los ingresos del petróleo, pero hoy enfrenta un escenario inédito marcado por menor producción petrolera, incertidumbre global y un crecimiento moderado.