El Consejo de Ministros ha dado luz verde para levantar el secreto de los expedientes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia relativos a la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta, dos semanas después de que la titular de la Audiencia Nacional, María Tardón, los exigiera mediante una resolución judicial. Desde el Gobierno, fuentes oficiales señalaron a diversos medios informativos que se han liberado la totalidad de los escritos pedidos por la jueza, calificando este trámite dentro de la absoluta cotidianidad.
La magistrada había exigido todos los boletines y reportes del CNI emitidos para los dirigentes desde el 30 de julio, estableciendo un plazo de quince días naturales, con especial hincapié en el comportamiento de los funcionarios marroquíes. Asimismo, requirió el registro de los funcionarios que recibieron dichos boletines en las fechas señaladas y en días posteriores, junto con el escrito remitido por el CNI al servicio de inteligencia de Marruecos.
Para la jueza, estos datos permitirán esclarecer qué dirigentes sabían con antelación sobre la llegada masiva programada para el 30 de julio y qué medidas se tomaron o se omitieron. En la misma resolución, solicitó al Gobierno que permitiera con carácter urgente el testimonio de los agentes del CNI involucrados en los acontecimientos.
Esta no es la primera ocasión en que el Ejecutivo levanta la reserva de estos archivos, ya que el 8 de septiembre la portavoz Elma Saiz comunicó la liberación de documentos secretos del CNI y de los servicios informativos militares sobre el suceso. Aquel conjunto comprendía unos cuarenta escritos de diferentes cuerpos de seguridad, incluyendo un aviso del CNI del 29 de julio que alertaba sobre posibles cruces fronterizos en Ceuta durante la festividad oficial.
Posteriormente, Tardón reclamó más expedientes, momento en el cual el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declaró que no albergaba expectativas sobre dichos escritos, tachándolos de censurados y expresando mayor confianza en la labor judicial que en el Ejecutivo.
La magistrada asumió la competencia al estimar que los sucesos podrian tipificarse como infracciones contra la paz o soberanía nacional y los derechos de los extranjeros, vinculados a posibles muertes por imprudencia y asociación ilícita, señalando una supuesta colaboración desde el norte de África.
El procedimiento judicial abarca investigaciones preliminares sobre el exdelegado gubernamental en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, tras una demanda de Abogados Cristianos por supuestos delitos de alteración del orden público y prevaricación omisiva. La instructora ha llamado a declarar como testigos al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación, Gonzalo Sanz.
La medida se produce en la antesala de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre, y las notas divulgadas hasta el momento no especifican el contenido de los nuevos expedientes ni si ya han sido remitidos a la sede judicial o si serán de dominio público.