El Ejecutivo español ha demandado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la interrupción temporal de las operaciones de la plataforma TikTok en el país de forma extraordinaria, motivado por un estudio de Maldita.es que expone fallos graves en los sistemas para identificar y borrar material de explotación sexual infantil.
Tras mantener encuentros este martes con delegados de Maldita.es y con directivos de TikTok, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró que la decisión de bloquear de manera provisional a la aplicación no recae en el Ejecutivo, añadiendo que de ser así ya se habría aplicado.
El lunes, el Gobierno remitió el caso a la Fiscalía General del Estado para indagar posibles responsabilidades y evaluar acciones de protección a los menores, lo que abarca la posible interrupción de las funciones de TikTok en España.
El análisis de Maldita.es, efectuado en un lapso de 35 días entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre, localizó más de 20.000 perfiles de posibles pederastas, con más de 7.000 de ellos activos en castellano, además de 1.183 grabaciones de abuso sexual infantil que sumaban cerca de 48 millones de reproducciones.
En el transcurso del monitoreo, los expertos hallaron igualmente 780 cuentas destinadas a conseguir compradores de dichos contenidos y más de 10.000 perfiles que pedían trueques de material sexual a través de los comentarios en los vídeos.
El dossier registró asimismo 91 transmisiones en vivo realizadas por menores en 17 naciones, donde determinados espectadores pedían acciones concretas, a veces de índole sexual, a cambio de remuneración económica.
El estudio pone en entredicho la efectividad de los filtros de control de TikTok. De un conjunto de 50 vídeos reportados por albergar material explícito de abuso infantil, la empresa solo borró cinco y restringió otros 13 exclusivamente para cuentas en España, mientras que tres días después de los reportes, el 40% de los perfiles emisores seguía operativo.
En respuesta, TikTok ha pedido a Maldita.es que entregue el estudio íntegro para acelerar la localización y supresión de los elementos reportados, argumentando que la carencia de dichos datos frena su intervención y el trabajo conjunto con las instituciones.