Acostumbrada a luchar por los derechos de su hijo con discapacidad frente a sucesivos gobiernos en Argentina, Valentina Bassi advirtió con claridad el cambio de rumbo bajo la administración de Javier Milei. Un punto de inflexión fue la difusión de una resolución oficial que utilizaba términos considerados obsoletos y despectivos para clasificar las pensiones por invalidez laboral, la cual fue revocada tras un fuerte rechazo público. Lejos de limitarse a cuestiones de lenguaje, el conflicto abarcó todo el esquema de asignación de pensiones y el financiamiento destinado a centros de atención, escuelas especiales, terapeutas y transportistas. Esta red de apoyo quedó severamente afectada, lo que motivó la atención del Senado argentino en el debate de un proyecto de ley de fortalecimiento para el sector. Dicha iniciativa legislativa, que ya contaba con el aval de la Cámara de Diputados, recibió el impulso tanto de la presión social como de la visita del Papa a una residencia de atención integral. La movilización constante de familias y prestadores obligó al oficialismo a modificar su postura inicial respecto a demandas históricas como la compatibilidad entre empleo y pensión. A pesar de este giro, Bassi señala que el daño generado a toda una generación sin acceso oportuno a terapias resulta irreversible. Paralelamente, el gobierno llevó a cabo auditorías de pensiones y enfrentó un escándalo de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad que derivó en procesamientos judiciales. La disputa también se trasladó al ámbito legislativo, donde el Congreso llegó a rechazar un veto presidencial previo sobre la ley de emergencia en el área, mientras la preocupación cotidiana de las familias continúa centrada en garantizar el bienestar y la inclusión de las personas dependientes.
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El impacto de las políticas de Milei en el sistema de discapacidad en Argentina
19 noviembre 2026, 12:18
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