La multinacional petrolera ExxonMobil ha tomado medidas legales contra la Comisión Europea debido a la normativa comunitaria que obliga a los productores de combustibles fósiles a colaborar en la creación de infraestructuras para el almacenamiento de carbono, de acuerdo con un documento oficial de la Comisión al que ha tenido acceso Euronews.
Según dicho expediente, tres subsidiarias del grupo ExxonMobil han puesto en marcha un proceso de arbitraje bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT) y conforme a los estatutos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
El ECT constituye un pacto internacional creado tras la Guerra Fría para salvaguardar las inversiones en naciones del antiguo bloque soviético. Con el paso de los años, este marco ha generado controversia al facultar a las corporaciones energéticas para demandar a los gobiernos nacionales por decisiones que afecten a sus ganancias previstas.
Las tres entidades implicadas, ExxonMobil Petroleum & Chemical con base en Bélgica, ExxonMobil Luxembourg y ExxonMobil Netherlands, cuestionan los artículos sobre almacenamiento de carbono incluidos en la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas de la UE (NZIA).
Las empresas impugnan el elemento de infraestructuras de almacenamiento de carbono del reglamento, que fija un objetivo a escala de la Unión de alcanzar una capacidad de inyección de CO2 de al menos 50 millones de toneladas anuales para 2030 y exige la contribución de los productores autorizados de petróleo y gas, especifica el texto.
ExxonMobil argumenta que las exigentes directrices climáticas europeas resultan inviables de acatar debido a la prolongada duración de los trámites de autorización y sus elevados costos. Si bien el informe no especifica la fecha exacta de presentación de la demanda, reportes previos apuntan al mes de julio.
La normativa obliga a los productores autorizados de petróleo y gas a contribuir al objetivo europeo de alcanzar una capacidad de inyección de 50 millones de toneladas de CO2 al año antes del 31 de diciembre de 2030. La medida parte de la idea de que las empresas que extraen combustibles fósiles deben participar en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para gestionar las emisiones de carbono.
Este conflicto legal podría poner a prueba la autoridad de Bruselas para exigir que las corporaciones de hidrocarburos ayuden a financiar la transición energética. La disputa surge, además, en un momento en que la Comisión ha aplazado su proyecto de nuevas directrices sobre las redes y los mercados de transporte de dióxido de carbono, previsto en un inicio para el tercer trimestre del año.
Las obligaciones de la NZIA se concretan en dos decretos europeos: uno que establece el umbral de producción para definir qué compañías deben cumplir la normativa y otro que fija la cuota de capacidad de inyección asignada a cada una.
Aquellas entidades con una producción inferior a 610.000 toneladas equivalentes de petróleo o que representen menos del 5% del volumen total de la UE quedan exentas. En total, 44 grandes productores de petróleo y gas están sujetos a estas obligaciones.
ExxonMobil denuncia que la UE ha infringido diversos apartados del Tratado sobre la Carta de la Energía sobre trato justo y equitativo, no discriminación y salvaguarda de las inversiones frente a procesos de expropiación.
De acuerdo con el documento, las empresas pretenden solicitar medidas cautelares para paralizar las exigencias de almacenamiento de CO2 que recaen sobre sus filiales.
El caso plantea hasta dónde puede llegar la UE a la hora de exigir a los productores de combustibles fósiles que asuman parte de los costes de las infraestructuras necesarias para la transición energética.
Bruselas defiende que la meta de 50 millones de toneladas servirá para impulsar la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología considerada clave para rebajar las emisiones de los sectores industriales más complejos de descarbonizar. No obstante, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero ha criticado este sistema por considerarlo costoso y carente de rodaje.
A diferencia de un modelo sustentado exclusivamente en fondos públicos o aportaciones privadas voluntarias, el marco europeo impone obligaciones directas a los extractores de petróleo y gas. Por este motivo, el desenlace del litigio podría tener repercusiones más allá de ExxonMobil, sobre todo si las firmas logran poner en tela de juicio la base legal o la implementación del sistema de contribuciones.
Según el informe, las autoridades comunitarias continúan examinando la notificación y redactando su contestación. No se detalla la indemnización exigida por ExxonMobil ni el impacto económico potencial para la Unión Europea. La Comisión Europea declaró a Euronews que rehúsa hacer valoraciones sobre procesos judiciales abiertos.
Este desacuerdo se produce mientras la Comisión Europea mantiene su respaldo a la captura y almacenamiento de carbono como uno de los pilares de su hoja de ruta climática. En septiembre, el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, conmemoró la puesta en marcha de la mayor planta de captura de carbono del continente, situada en los Países Bajos.
La factoría de Yara en Sluiskil está proyectada para retener 800.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que reducirá los registros nocivos de la planta en un 25%. El gas capturado se licúa y se transporta por vía marítima hasta Noruega para su confinamiento bajo el lecho marino mediante el proyecto Northern Lights.
Hoekstra admitió que la captura y almacenamiento de carbono no constituye una solución milagrosa contra la crisis climática, si bien ensalzó su utilidad para industrias con un consumo energético elevado, tales como la siderúrgica, la del cemento y la del aluminio.
Simplemente no podemos permitirnos dejar sin explotar ninguna parte del espacio de soluciones. Esta es una solución climática práctica que reduce las emisiones y al mismo tiempo mantiene fuerte nuestra base industrial, expresó el comisario neerlandés en su visita a las instalaciones de Yara el 7 de septiembre.
Desde Sluiskil, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, recordó que hace unos años el almacenamiento subterráneo de carbono se antojaba prácticamente inviable.
Ahora es una realidad. El proyecto demuestra que la captura y almacenamiento de carbono funciona y puede llevarse a cabo a través de las fronteras nacionales. La experiencia y la infraestructura noruegas se están utilizando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mucho más allá de las propias fronteras de Noruega y desempeñan un papel importante en la transición ecológica de Europa, indicó Støre.
Las previsiones estiman que la UE precisará una capacidad de almacenamiento de unos 250 millones de toneladas anuales para cumplir su propósito de recortar las emisiones netas en un 90% para 2040. Entre las iniciativas europeas más destacadas figuran Porthos y Aramis en los Países Bajos, junto con Greensand y Bifrost en Dinamarca, todas localizadas en el entorno del mar del Norte.
Bergur Rasmussen, ex europarlamentario danés y actual director del grupo de presión CCS Europe, califica de ambiciosa la meta europea de alcanzar 50 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento para 2030, y advierte que su cumplimiento no está en absoluto garantizado.
Los propios datos de la Comisión muestran que la UE cuenta actualmente con 3,54 millones de toneladas de capacidad de inyección de CO2 operativa, mientras que la capacidad de inyección proyectada es de solo 27,1 millones de toneladas, por lo que queda claramente una brecha significativa que cerrar en los cuatro años restantes antes del final de la década, declaró Rasmussen a Euronews.
A su entender, el principal reto radica en desarrollar esta tecnología a una escala adecuada y ajustarla a los requerimientos industriales para consolidarla como una alternativa viable a largo plazo. La Comisión prevé anunciar nuevas iniciativas para solventar estas dificultades, aunque todavía se desconoce si la demora guarda relación con el pleito de ExxonMobil o qué efectos acarreará para su viabilidad.
Por su parte, la organización ecologista Bellona ha alertado de que la demanda podría debilitar las gestiones de Bruselas para consolidar un mercado operativo de captura y almacenamiento de carbono. La ONG opina que este episodio evidencia cómo las garantías a la inversión del Tratado sobre la Carta de la Energía pueden ser empleadas por las empresas de combustibles fósiles para impugnar las leyes climáticas.
William Druet, experto en políticas de Bellona Europa, defendió que las obligaciones de almacenamiento impuestas a las compañías petroleras y gasísticas resultan esenciales para estimular las inversiones.
Cumplir los objetivos de neutralidad climática de la UE significa acelerar las inversiones en infraestructuras que, en última instancia, sostendrán una economía limpia y crearán oportunidades comerciales a largo plazo para las empresas que las desarrollen y exploten, argumentó Druet.
El arbitraje en materia de inversiones no debería convertirse en un mecanismo a través del cual las empresas busquen compensación por verse obligadas a acelerar inversiones que acabarán formando parte de sus propios modelos de negocio, agregó.
ExxonMobil rehusó atender la petición de comentarios formulada por Euronews.