Tras dos semanas de intensas deliberaciones y casi dos días de prórroga, la cumbre climática celebrada en la ciudad turca de Antalya finalizó el domingo 22 de noviembre de 2026 sin un pacto definitivo, después de que un bloque de naciones encabezado por la Unión Europea rechazara el documento propuesto al considerar que debilita la transición para abandonar los hidrocarburos.
La Unión Europea argumentó que la decisión marco, bautizada como el Pacto de Antalya y presentada por la presidencia de la cumbre, contradecía la evidencia científica al omitir cualquier referencia al principal motor del cambio climático.
El ministro de Clima irlandés, Darragh O'Brien, intervino en representación de los Veintirreses para tildar de inconcebible la ausencia de menciones a los combustibles fósiles y advirtió que no aceptarían un texto que supusiera un retroceso temporal en la materia.
En la misma línea, la delegación de Panamá calificó el documento de paso atrás y señaló que cualquier resolución debe asumir el fracaso colectivo frente al límite de 1,5 grados Celsius consagrado en el Acuerdo de París de 2015 para evitar alteraciones climáticas descontroladas, exigiendo responsabilidad a los principales causantes de la crisis.
Por su parte, las Islas Marshall formalizaron su oposición a la propuesta por representar una amenaza existencial ante el aumento del nivel del mar, recalcando que no comprometerán su porvenir en favor de la industria fósil.
En contraste, Rusia respaldó la exclusión de medidas para acelerar la retirada de los combustibles fósiles bajo el argumento de que continúan siendo indispensables y que cada nación debe definir su propia estrategia de reducción de emisiones.
Desde otra perspectiva, Pakistán y Ghana defendieron el documento como un paso necesario dentro del marco del multilateralismo para tender puentes en lugar de levantar barreras, según expresó el representante pakistaní.
Las maratonianas conversaciones transcurrieron en un contexto de reducidos márgenes temporales para mitigar consecuencias extremas como sequías, inundaciones y olas de mar mortales, al tiempo que se agudizaron las tensiones económicas.
Los países en desarrollo atribuyeron el colapso del diálogo a la postura de la Unión Europea y otras potencias industrializadas por su negativa a elevar los fondos destinados a la adaptación frente a catástrofes climáticas, mientras que la Unión Europea, principal aportante financiero, resistió la adopción de nuevas metas monetarias.
Paralelamente al cauce oficial, cobró relevancia la iniciativa independiente denominada transición para abandonar los combustibles fósiles, conocida por sus siglas en inglés como TAFF.
Maina Talia, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, destacó que la TAFF evoluciona desde la mera inclusión nominal en los textos hacia la formulación de planes concretos de transformación global.
Diversos Estados como Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Alemania y Finlandia avanzan en la confección de hojas de ruta nacionales para prescindir de la dependencia energética fósil.
No obstante, Brandon Wu, director de Políticas y Campañas de ActionAid USA, calificó dichos planes de insustanciales y meras repeticiones de políticas previas insuficientes por parte de países ricos reticentes a incrementar su apoyo financiero.
Entre las propuestas debatidas figuró elevar la cuota de la electricidad en la demanda energética final del 20 por ciento actual al 35 por ciento para 2035, una iniciativa impulsada por Turquía que reunió el respaldo voluntario de unos 75 países, incluido el gigante solar China.
Tal compromiso carece de carácter vinculante y omite precisar si el incremento eléctrico provendrá de energías limpias, lo que genera temores entre los críticos sobre un posible suministro a partir de fuentes fósiles.
La cita en Turquía marcó un hito al desarrollarse bajo la certeza de que el incremento de la temperatura global superará transitoriamente los 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial, abriendo un debate sobre la gestión de dicho rebasamiento.
El borrador instaba a los gobiernos a limitar el rebasamiento al reconocer que cada fracción adicional de calentamiento genera riesgos irreversibles para la naturaleza y las sociedades humanas.
Otro punto de fricción fue la apuesta por tecnologías de captura y almacenamiento de carbono para enterrar dióxido de carbono con vistas a alcanzar una escala de gigatoneladas hacia 2035.
Mientras la comunidad científica señala la utilidad de estas herramientas para reducir emisiones, los sectores críticos cuestionan su eficacia a gran escala, sus elevados costes y el riesgo de servir como coartada para continuar extrayendo hidrocarburos.
La COP31 heredó una presión extrema tras una cadena de catástrofes recientes, desde graves olas de calor en Europa hasta la ruptura de un glaciar en Nepal que segó más de 1.400 vidas.
Simultáneamente, las turbulencias geopolíticas elevaron los precios globales del petróleo y reconvirtieron las prioridades hacia la seguridad energética.
En su intervención de clausura, el ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, Gedion Timothewos, adelantó que su país asumirá la presidencia de la COP32 en 2027 con la misión de restaurar la confianza y relanzar la acción colectiva desde Adís Abeba.

