La Corte Internacional de Justicia halla a Birmania culpable del genocidio de los rohinyás

La Corte Internacional de Justicia halla a Birmania culpable del genocidio de los rohinyás

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este jueves (19.11.2026) que Birmania (Myanmar) es culpable de perpetrar un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá (rohingya) en la campaña militar de 2017 en el occidente del territorio asiático, al tiempo que instruyó investigar a los culpables, compensar a los afectados y garantizar el retorno de los refugiados.

El principal órgano judicial de las Naciones Unidas determinó, por votación mayoritaria, que Birmania incurrió en genocidio contra los rohinyás en el norte del estado de Rakáin, marcando la primera sentencia en la historia de la CIJ que declara la responsabilidad internacional de un gobierno por este delito.

El estrado concluyó que los elementos probatorios confirman la intencionalidad de aniquilar a una porción significativa de dicha población, requisito indispensable para tipificar legalmente el genocidio conforme a la convención internacional respectiva.

Dentro de las disposiciones reparadoras, la corte instruyó al gobierno birmano a consentir y propiciar el retorno seguro, voluntario y en condiciones de dignidad de los rohinyás que debieron huir a causa de la represión de 2017, tanto a nivel interno como transfronterizo, además de asegurar la reunificación familiar.

Asimismo, los magistrados requirieron a Birmania la restitución o compensación de los bienes materiales particulares y comunales afectados o destruidos, colaborar en la localización de desaparecidos y proveer asistencia para la recuperación física y mental de quienes sufrieron agravios corporales o psicológicos.

Adicionalmente, la CIJ dispuso que Birmania pague una compensación económica a la colectividad rohinyá y a sus integrantes por aquellos perjuicios que no puedan ser subsanados mediante la devolución de bienes.

En el ámbito de la rendición de cuentas, el tribunal mandató al Estado birmano implementar acciones prontas y concretas para indagar a todos los individuos señalados por indicios fundados de haber participado en actos genocidas en los operativos armados de 2017, y proceder a su enjuiciamiento y sanción cuando sea pertinente.

El organismo internacional igualmente demandó a Birmania promulgar normativas que aseguren el respeto a sus deberes internacionales y proveer seguridades de no repetición para prevenir abusos análogos por venir.

El fallo fija la responsabilidad jurídica de Birmania como nación, si bien no implica una sentencia penal contra mandos militares o líderes específicos, los cuales deben ser procesados por el propio Estado birmano a raíz de esta resolución.

La campaña armada de 2017 generó la huida masiva de los rohinyás, una colectividad musulmana sujeta históricamente a segregación y limitación de derechos fundamentales en territorio birmano.

rml (efe, afp, actualizada a las 13:53 CET)