La incertidumbre financiera y el debate sobre el plan de ajuste fiscal en Colombia

Los especialistas coinciden en que Colombia requiere una modificación en sus finanzas públicas, incluso aquellos sectores contrarios a la administración actual del presidente Abelardo de la Espriella. Leonardo Pazos, quien se desempeñó como viceministro de Hacienda durante la gestión de Gustavo Petro, reconoció la semana pasada en una charla con la agencia Efe que las cuentas del país presentan un desequilibrio estructural entre los ingresos y las erogaciones, a pesar de disentir sobre los métodos planteados por De la Espriella para corregirlo. Por su parte, el Banco de la República cuantificó dicho déficit fiscal en un 7,2 % del Producto Interior Bruto para el presente periodo y proyecta un 9,4 % de cara al año 2027. El pasado 20 de octubre, fecha límite establecida, el Congreso nacional aprobó de manera apretada el Presupuesto General de la Nación. Debido a una equivocación, el Senado y la Cámara de Representantes votaron por proyectos diferentes, lo que impedía que el texto definitivo se armonizara a tiempo al expirar el plazo. Ante esta situación, el Ejecutivo promulgó la normativa mediante decreto dos días después. Previamente a la validación presupuestaria, el mandatario había anunciado una iniciativa denominada Ley de Rescate Económico con el propósito de disminuir el déficit fiscal. El proyecto fue introducido formalmente el viernes 30 de octubre de 2026 por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien sostuvo que la medida busca evitar la bancarrota del Estado y señaló al gobierno anterior por heredar una grave crisis financiera. Durante su campaña, De la Espriella prometió recortes del gasto estatal de hasta el 40 % sin incrementar tributos. Sin embargo, el propio Restrepo justificó en la revista Semana la modificación de esta postura debido a la ocultación previa de obligaciones financieras por parte de la administración pasada, argumentando la insuficiencia de fondos para cubrir salarios públicos, pensiones, sanidad, defensa y los intereses de la deuda. La obligación soberana de Colombia representa el 62 % del PIB, una proporción moderada en comparación internacional, pero absorbe la mayor partida presupuestaria con unos 45.000 millones de dólares asignados en el ejercicio actual. Simultáneamente, el endeudamiento continúa y la semana pasada el Estado emitió bonos por encima de los 5.000 millones de dólares. La teoría económica carece de un consenso absoluto sobre el tope tolerable de pasivos estatales, operando principalmente bajo la capacidad continua de refinanciación. Mientras Japón afronta una deuda equivalente al doble de su PIB con rendimientos a diez años del 2,77 %, los títulos colombianos emitidos al mismo plazo registraron un interés del 7,65 %, evidenciando mayores reticencias en los mercados. Marc Hofstetter, docente de economía en la Universidad de los Andes, advierte sobre la dificultad de equiparar los pasivos latinoamericanos con los de economías desarrolladas debido a las elevadas tasas locales. Señala además que el tamaño relativo del Estado colombiano, que abarca un tercio de la economía frente al 50 % de Francia, constituye otro factor determinante al evaluar la sostenibilidad de la deuda. Ante este escenario, Hofstetter considera que la inacción ya no es viable y señala que la propuesta gubernamental combina reducción del gasto y aumento de impuestos. Estas medidas han generado el rechazo de la oposición, la cual convocó a una manifestación para el 24 de noviembre en protesta contra el presupuesto y advirtió sobre la posibilidad de una huelga general. Las críticas de la oposición se centran en los recortes previstos en educación, programas sociales y justicia vinculada al proceso de paz, así como en el incremento impositivo y la eliminación de tarifas reducidas del impuesto al valor agregado. Hofstetter matiza que el proyecto contempla la devolución total del IVA al 30 % de la población con menores ingresos, lo que equivaldría a 19 millones de personas beneficiadas al quedar exentas de este gravamen. Respecto a la búsqueda de financiación externa tras la renuncia del gobierno de Petro a su línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, Hofstetter señala la existencia de conversaciones en curso para un préstamo estimado entre 5.000 y 16.000 millones de dólares, lo cual aportaría recursos a menor coste y experiencia técnica en el ajuste fiscal. Por el contrario, Leonardo Pazos adopta una perspectiva crítica y sospecha que el Ejecutivo recurre al FMI para externalizar el coste político de las medidas más impopulares, buscando además un cambio estructural enfocado en la exportación de materias primas a través de la reducción del impuesto corporativo. Mientras Pazos duda de que se alcance la meta oficial de crecimiento del 6 %, Hofstetter estima que las decisiones adoptadas podrían estabilizar las finanzas del país hacia el año 2030.