Carlos Infante tenía 11 años cuando su padre Octavio fue asesinado en uno de los episodios más trágicos del conflicto armado entre el Estado peruano y la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
Octavio Infante figuraba entre los ocho periodistas masacrados el 26 de enero de 1983 en la comunidad andina de Uchuraccay, situada a más de 4.000 metros de altura, cuando buscaban confirmar rumores de matanzas llegados a Ayacucho.
El grupo fue interceptado por comuneros locales que los atacaron con hachazos, piedras y golpes, acabando también con la vida del guía y de un lugareño acusado de colaborar con Sendero.
Carlos Infante describe la noticia de la muerte paterna como una roca fulminante para su familia.
Aquel impacto repercutió en todo un país que aún ignoraba la escala de una guerra incipiente destinada a dejar más de 69.000 muertos entre 1980 y 2000.
El presidente Fernando Belaúnde Terry encomendó una pesquisa a una comisión presidida por Mario Vargas Llosa, cuyo dictamen atribuyó el linchamiento a una confusión de los campesinos que tomaron a los reporteros por terroristas en un contexto de alta tensión.
Los militares destinados en la zona habían advertido que las fuerzas estatales solo arribaban en helicóptero y que todo caminante foráneo debía considerarse subversivo.
Según la comisión, la barrera lingüística entre quechuahablantes e hispanohablantes imposibilitó el entendimiento, reflejando el choque entre el país oficial y el arcaico.
Años más tarde, la Comisión de la Verdad y Reconciliación matizó algunas conclusiones, si bien la teoría de la brecha cultural prevaleció mientras Uchuraccay quedaba despoblada.
Tras una larga investigación, Carlos Infante, hoy periodista y sociólogo de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, rebate la postura oficial en su obra Dame tu cámara, carajo! Estrategia militar, paramilitarismo y masacre en Uchuraccay.
En diálogo con BBC Mundo, Infante indicó que la versión imperante reduce los hechos a una confusión y los desvincula del entorno sociopolítico.
Su libro rescata la hipótesis de que la masacre respondió a una estrategia militar gestada en marzo de 1982 para trasladar el costo de la guerra al campesinado mediante grupos paramilitares.
Bajo su perspectiva, los atacantes integraban una milicia paramilitar guiada por líderes locales para frenar la amenaza de Sendero contra su poder.
Tales argumentos divergen de los de otros estudiosos y surgen cuando la memoria del conflicto genera pugnas políticas en Perú, coincidiendo con la presidencia de Keiko Fujimori.
Al comenzar 1983, la confrontación en Perú se intensificaba de manera notable.
Las columnas de Sendero Luminoso, amparadas en el nevado Rasuwilca, elevaron sus incursiones en Huanta, motivando la declaración de emergencia en Ayacucho y el despliegue castrense.
De acuerdo con Infante, a mediados de enero Uchuraccay y sus alrededores padecían un clima de máxima tensión.
Se habían contabilizado 24 homicidios en dos días, destacando el acaecido el 21 de enero en Huaychao, donde los comuneros se alzaron contra Sendero y mataron a varios insurgentes.
Tales sucesos impulsaron a periodistas locales y limeños a viajar a la zona para verificar los hechos, siendo interceptados tras un trayecto guiado en su tramo final por Juan Argumedo, medio hermano de Octavio Infante.
Las imágenes tomadas por el fotoperiodista Willy Retto documentan el momento del interrogatorio a los reporteros.
El contenido de dicho diálogo continúa en disputa, pero derivó en el asesinato de los reporteros, su guía y el comunero vinculado a Sendero, cuyos cuerpos fueron sepultados en la montaña.
Mientras la tragedia ocupaba los medios y Vargas Llosa desplegaba su comisión, el joven Carlos Infante afrontaba el duelo.
Durante ocho años me negué a comenzar el duelo, señala en el texto, apuntando que fue la exhumación de los restos de Octavio lo que impulsó su investigación.
Infante rechaza la existencia de una barrera idiomática insalvable, afirmando que su padre y otros miembros del grupo dominaban el quechua.
Sostiene que los dirigentes los eliminaron al percatarse de su condición de periodistas y de su propósito de investigar el caso Huaychao, ocultando así su nexo con la masacre y la campaña paramilitar.
No se trató de un diálogo imposible, recalca Infante, aludiendo a una acción calculada de 35 hombres para preservar su hegemonía.
Las dudas sobre la participación estatal y el paramilitarismo han persistido desde el suceso, acompañadas de críticas a Vargas Llosa por eximir al Estado.
Declaraciones de la época alimentan esta postura, como los elogios de Belaúnde a la valentía ayacuchana o el respaldo del general Clemente Noel a la sublevación espontánea.
Otros especialistas rechazan la lectura de Infante, argumentando que el discurso de la confusión omite la distancia racial y cultural entre los comuneros y los investigadores.
La historiadora Hiromi Hosoya señala que los campesinos tal vez no comprendieron la dualidad con la que el Estado trataba la violencia, calificada a veces de crimen y otras de heroísmo.
Para Hosoya, la voz de la comunidad quedó eclipsada en el proceso.
El informe final de la CVR determinó que el crimen fue cometido por los comuneros temerosos de represalias tras enfrentarse a Sendero, confundiendo a los visitantes por las directrices militares.
La comisión criticó la falta de amparo estatal al campesinado, pero no avaló la existencia de una estrategia paramilitar formal.
El texto de Infante se publica en un escenario donde el pasado violento peruano vuelve al centro de la controversia política.
Con la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia, sectores de su partido han propuesto revisar el Lugar de la Memoria y los textos escolares para eliminar lo que consideran sesgo ideológico sobre el conflicto.
Diversos académicos y colectivos de izquierda han calificado esto como una ofensiva contra la memoria histórica y un intento por minimizar la responsabilidad estatal.
Mediante su indagación, calificada por él mismo como provocadora pero necesaria, Infante interviene en una disputa sobre el pasado que incide directamente en el presente del país.

