La sentencia por genocidio contra Myanmar marca un precedente histórico con posibles efectos globales

La sentencia por genocidio contra Myanmar marca un precedente histórico con posibles efectos globales

La resolución judicial que determina que Myanmar perpetró un genocidio contra la comunidad rohinyá constituye un hito fundamental. Myanmar se convierte de este modo en la primera nación señalada legalmente por infringir la Convención sobre el Genocidio de 1948.

La población rohinyá experimenta una respuesta judicial largamente aguardada. Al menos 10.000 individuos perdieron la vida en el marco de las agresiones ejecutadas en 2017 por los cuerpos de seguridad birmanos y agrupaciones armadas locales.

Superando el millón de desplazados, los refugiados rohinyás permanecen alojados en extensos asentamientos situados en territorio de Bangladés tras escapar de los graves sucesos acaecidos hace una década.

En dichos recintos, numerosas personas se concentraron frente a los monitores para seguir la lectura del dictamen a cargo del presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el juez Yuji Iwasawa.

El magistrado examinó los elementos probatorios incorporados tras la demanda interpuesta por Gambia en 2019, la cual contó con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica.

Las evidencias detallaban episodios de homicidios masivos, agresiones sexuales, torturas y la devastación de poblados, incluyendo casos de residentes rohinyás calcinados en el interior de sus viviendas.

El fallo, adoptado por un margen de nueve votos a favor y seis en contra en el seno de la CIJ, repercutirá de manera notable en otros procesos sobre genocidio analizados por el organismo, al precisar y clarificar el criterio probatorio indispensable para acreditar la intencionalidad genocida.

Entre dichos expedientes destaca la acción legal promovida por Sudáfrica, que imputa a Israel la comisión de genocidio contra la población palestina en Gaza en el contexto de su respuesta a los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Israel ha rechazado de forma reiterada y contundente dicha imputación.

Asimismo, esta resolución consolida la posición de los defensores del marco normativo instituido para disciplinar el ejercicio del poder al término de la Segunda Guerra Mundial.

La Convención sobre el Genocidio de 1948 ha constituido un pilar esencial en el andamiaje institucional de las Naciones Unidas orientado a prevenir la reaparición de la violencia extrema, los conflictos bélicos y el genocidio que caracterizaron el periodo previo a la caída del nazismo.

Los marcos normativos configurados con posterioridad a 1945 han atravesado tensiones inéditas durante los mandatos del presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping.

Coincidiendo con la celebración de una cumbre entre los tres dirigentes en China, la CIJ emitió una señal sobre la vigencia del derecho internacional y su potencial capacidad para sancionar el uso de la fuerza contra la población civil.

Los juristas analizarán el procedimiento mediante el cual Gambia consiguió acreditar el aspecto central relativo a la existencia de una intención genocida por parte del Estado de Myanmar.

Acreditar la intencionalidad constituye el principal obstáculo en un procedimiento por genocidio ante la Corte, toda vez que la comprobación de atrocidades resulta insuficiente por sí misma.

El enunciado central de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la organización tras el Holocausto perpetrado por el régimen nazi contra los judíos europeos, define el ilícito como aquellos actos perpetrados con la finalidad de destruir total o parcialmente a un colectivo nacional, étnico, racial o religioso.

Los redactores del texto normativo en la posguerra, bajo la dirección de Raphael Lemkin, un superviviente judío del Holocausto, fijaron deliberadamente un listón probatorio sumamente exigente.

Esta circunstancia explica el prolongado lapso requerido por la CIJ para dictaminar la consumación de un genocidio.

En un escenario ideal para los profesionales del derecho y la investigación, las pruebas provendrían de registros gubernamentales y directrices militares, si bien su obtención resulta compleja o impracticable en la práctica.

Las administraciones con propósitos genocidas omiten la divulgación oficial de sus metas.

Ante ello, el Tribunal ha deducido la intencionalidad a partir de las actuaciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad y las milicias de Myanmar frente al grupo rohinyá.

Janina Dill, profesora de Seguridad Global en la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, señala que la intención genocida puede deducirse de una pauta de conducta.

La especialista añade que la existencia de otros fines, tales como operaciones de contrainsurgencia, medidas punitivas o desplazamientos forzados, no invalida la intencionalidad genocida si el conjunto de las evidencias apunta ineludiblemente a dicho objetivo.

En consecuencia, incluso cuando un Estado repelente de una agresión ordene una contraofensiva amparada en la legítima defensa, el sumatorio de sus actuaciones podría configurar un genocidio.

Los togados recalcaron la necesidad de examinar cada controversia en función de sus particularidades.

Sin embargo, al influir en la exégesis jurídica, el precedente birmano incide en los restantes litigios analizados por la CIJ, sobresaliendo la demanda de Sudáfrica contra Israel por los ataques en Gaza.

El jurista británico Philippe Sands KC, integrante del equipo legal de Gambia, intervino en la vista celebrada en La Haya y apuntó que el caso gazatí constituía un asunto latente durante el proceso.

Según indicó a la BBC, el criterio fijado por la corte respecto a Myanmar delimita el estándar probatorio aplicable.

Un hipotético revés para Gambia habría supuesto la inviabilidad jurídica de la demanda sudafricana.

Tras el éxito procesal de Gambia, la vía permanece abierta para Sudáfrica, si bien esto no prejuzga el fallo definitivo de la CIJ en torno a la situación en Gaza.

El dictamen fija con rigor el baremo probatorio, correspondiendo a las partes implicadas acreditar su cumplimiento en los tribunales.

La satisfacción de los rohinyás en Bangladés no altera de forma inmediata su precaria y vulnerable situación humanitaria sostenida durante casi diez años.

La Corte carece de instrumentos ejecutivos para hacer cumplir sus resoluciones, aunque ha ordenado a Myanmar el pago de compensaciones económicas a los rohinyás, medida compleja ante la destrucción de poblaciones y la previsible oposición gubernamental.

El Reino Unido, responsable de la gestión diplomática de la cuestión birmana en el Consejo de Seguridad de la ONU, manifestó su firme propósito de exigir responsabilidades por los delitos cometidos.

Londres ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad, ha expulsado al agregado militar birmano y ha anunciado nuevas acciones.

No obstante, la adopción de resoluciones firmes en el seno de la ONU podría enfrentar los vetos de China y Rusia.

Paralelamente, se han registrado declaraciones desde la administración de Donald Trump en relación con el proceso.

El gobierno del anterior presidente Joe Biden calificó en 2022 las acciones del ejército birmano contra los rohinyás como genocidio, sin esperar el pronunciamiento de la CIJ.

Por su parte, el representante permanente estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, instó al tribunal a no flexibilizar el listón legal para la demostración del genocidio.

Aunque argumentó la protección de los efectivos militares nacionales y aliados, su postura fue interpretada como un respaldo a la estrategia defensiva de Israel.

Waltz criticó la orientación de la judicatura internacional y aludió expresamente a Navi Pillay, galardonada con el Premio Nobel de la Paz e integrante del tribunal en el caso de Myanmar.

Pillay presidió una comisión independiente de la ONU que el año pasado concluyó que Israel había incurrido en genocidio en la Franja de Gaza.

Al margen de las presiones de la administración estadounidense, el fallo sobre los rohinyás reinstala el foco sobre la actuación israelí en Gaza y el procedimiento impulsado por Sudáfrica.

Asimismo, evidencia las persistentes dificultades de la población palestina en un territorio marcado por más de 1.400 muertes derivadas de acciones bélicas israelíes tras el cese el fuego del año anterior.

Pese a ello, los expertos advierten contra la asimilación del litigio birmano como un ensayo general del caso israelí.

Janina Dill recalca que equiparar ambos escenarios conlleva el riesgo de minorar la atención debida a la crisis de los rohinyás, cuyo sufrimiento no constituye un mero caso instrumental para otros conflictos de mayor repercusión mediática.