El territorio español afronta su primera huelga general desde el año 2012, una movilización a la que el presidente Pedro Sánchez debe hacer frente y que ha contado con el estímulo de integrantes de su propio Consejo de Ministros. Las organizaciones sindicales impulsoras reclaman incrementos en las retribuciones económicas, medidas eficaces para resolver la emergencia habitacional y la preservación de los servicios esenciales.
Por parte del PSOE, la dirigente María Jesús Montero señaló que el paro se había convocado contra la oposición.
No obstante, agrupaciones como el Sindicato de Inquilinas manifestaron que todos los ejecutivos han respaldado el rentismo y han conducido a este escenario. Valeria Racu, portavoz de dicha organización, declaró en RTVE que la decisión de llamar a la huelga surgió a raíz del caso de Maricarmen, la mujer jubilada de 87 años que sufrió un desahucio en Madrid, argumentando que se agotó el margen para los políticos y que la espera es inviable tras décadas de políticas previas y posteriores a la democracia, incluyendo el periodo reciente del Gobierno progresista.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, difundió a través de la red social X una grabación sobre los altercados registrados entre las fuerzas de seguridad y los piquetes en Mercamadrid, el centro neurálgico de distribución, comercialización, transformación y logística de productos alimentarios frescos en el país.
Desde el sindicato UGT también se compartieron secuencias audiovisuales relativas a las protestas desarrolladas en todo el territorio nacional como consecuencia de la interrupción de la actividad.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas, impulsor original de esta convocatoria tras el lanzamiento a la calle de Maricarmen, difundió registros gráficos que evidencian los cortes efectuados en diversas arterias de circulación.