Unos 15.000 reclusos y capacidad para hasta 40.000, condenas de hasta mil años de cárcel, estrictas medidas de seguridad y un régimen de aislamiento extremo. Imágenes "coreografiadas" de presos rapados y tatuados, sometidos por guardias fuertemente armados.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), de El Salvador, se ha convertido así en símbolo de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele y en modelo a imitar en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Más de una decena de Gobiernos de la región han propuesto construir "megacárceles" similares, aunque la mayoría de mucho menor capacidad. Especialistas consultados por DW cuestionan la utilidad y sostenibilidad de estas iniciativas.
Las "megacárceles de facto" ―es decir, por hacinamiento― preceden a Bukele en América Latina, recuerda a DW el criminólogo José Luis Pérez Guadalupe, expresidente del Instituto Nacional Penitenciario y exministro de Interior del Perú. El penal de Lurigancho, en Lima, con capacidad para 3.000 reclusos, alberga hace décadas a casi 11.000.
Desde la inauguración del CECOT en 2023, sin embargo, el concepto de "megacárcel" parece asociarse, sobre todo, a recintos de máxima seguridad. Para Olga Espinoza, académica especializada en sistemas penitenciarios en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, esa asociación resulta problemática, porque implica asumir que toda la población penal requiere sanciones "de una altísima severidad".
Según Espinoza, destinar a toda la población penitenciaria a cárceles de máxima seguridad sería una "sobreintervención" ineficiente y extremadamente costosa. Estos recintos requieren inversiones elevadas en infraestructura, tecnología, personal especializado, mecanismos anticorrupción y programas de reinserción social.
Además, sería una medida ineficaz, porque "la evidencia internacional indica que cuando se ubica a todas las personas de diferentes perfiles en un mismo espacio, hay alto riesgo de contagio criminógeno", agrega la experta chilena. Varios grupos criminales de la región surgieron en cárceles hacinadas: el Tren de Aragua, en Venezuela; Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones en Ecuador; o el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) en Brasil.
Pero, incluso si se trata solo de recintos de gran tamaño, "no hay evidencia suficiente que sustente que construir megacárceles sea más económico", afirma Renato Rivera, analista sénior de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Aunque la apuesta por una sola infraestructura resulte atractiva, resulta "difícil" generar obra pública en América Latina.
Desde las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos de 1955, "se sugiere que no se construyan megacárceles, sino cárceles de tamaño mediano, de entre mil y 2.000 presos", aclara Pérez Guadalupe, profesor de la Universidad del Pacífico; "porque las megacárceles, aparte de impersonales, pueden llegar a ser muy peligrosas". Como ejemplo, Rivera recuerda que las sonadas masacres penitenciarias de 2021 en Ecuador ocurrieron en los centros más grandes y poblados del país.
Los expertos reconocen que los encarcelamientos masivos han coincidido con una drástica reducción de la violencia en El Salvador y han fortalecido la percepción de seguridad entre la población. Pese a denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal en ese país, los anuncios sobre nuevas megacárceles proyectan una imagen de firmeza estatal frente al crimen organizado en la región.
No obstante, advierten que ese impacto político y simbólico no garantiza resultados sostenibles. Para ello, sería necesario un "compromiso claro" con la fiscalización externa, la protección de los derechos humanos y programas de reinserción social, que los gobernantes no han mostrado, afirma Espinoza.
Pérez Guadalupe es especialmente crítico con el modelo salvadoreño, que señala como "pura propaganda". Considera que las imágenes difundidas desde el CECOT vulneran la dignidad humana. Y sostiene que el Estado debe mostrar "una superioridad moral frente a los que violan la ley".
Aunque el crimen organizado transnacional representa un desafío creciente en la región, el criminólogo peruano considera que el caso de El Salvador es excepcional. El país registra una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo tras las detenciones masivas realizadas bajo el régimen de excepción impulsado por Bukele. Y el CECOT fue concebido para recluir de forma permanente a miembros de pandillas como la MS-13y Barrio 18, considerados de máxima peligrosidad.
Sin embargo, la realidad de otros sistemas penitenciarios latinoamericanos es distinta. La pregunta no es dónde encerrar para siempre a las personas privadas de libertad, sino "cómo queremos que salgan: peores o mejores", plantea Pérez Guadalupe, recordando que la mayoría regresará algún día a la sociedad.
En teoría, la alternativa oficial la ofrecen las Reglas Mandela de la ONU para el tratamiento de reclusos, actualizadas en 2015. Establecen principios para la gestión penitenciaria moderna, como el respeto a la dignidad humana, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos degradantes, así como la reinserción social como objetivo central de la pena.
En la práctica, América Latina ha generado experiencias innovadoras en esa dirección. Entre ellas, los centros sin guardias, armas, ni violencia del modelo APAC en Brasil; los Comités de Prevención y Solución de Conflictos en Argentina; o el Centro de Justicia Alternativa Penal del estado de Sonora, en México.
Los especialistas también mencionan la necesidad de contar con penales de máxima seguridad para perfiles específicos, pero de menor tamaño y con una clasificación más precisa de la población penal.
Por último, recuerdan que las cárceles, incluidas las megacárceles, actúan principalmente sobre las consecuencias del crimen organizado y no sobre sus causas. La pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades requieren políticas públicas orientadas al empleo, la educación y la integración social para reducir, a largo plazo, las condiciones que favorecen la expansión de la criminalidad, en una de las regiones más desiguales del planeta.
(ms)

