Una multitud volvió a manifestarse este sábado 14 de noviembre de 2026 en diferentes regiones de Francia para reclamar por el incremento en el costo de vida, la preservación de los servicios públicos y el rechazo a una normativa que incrementa la protección legal de los agentes policiales en el uso de armas de fuego. De acuerdo con las estimaciones de la cartera de Interior, un total de 106.000 ciudadanos participaron en las marchas a nivel nacional, de los cuales 24.000 se concentraron en París, representando el registro más bajo en el transcurso de las recientes semanas.
Por el contrario, los gremios sindicales y las agrupaciones estudiantiles estimaron la participación global en 200.000 personas, situando la cifra en la capital en 100.000 asistentes. La segunda potencia económica dentro de la Unión Europea acumula más de treinta días de interrupciones en centros educativos y protestas callejeras, en el preludio de los comicios presidenciales previstos para 2027, donde se designará al relevo de Emmanuel Macron.
Durante el sábado anterior, las instituciones contabilizaron 146.000 asistentes, una cifra inferior a los 320.000 del 31 de octubre, los 410.000 del 24 de octubre y los 550.000 reportados el 17 del mismo mes. Desde la plaza de la República, el portavoz principal del movimiento de los chalecos amarillos, Benjamin Ball, expresó: Hay todo un pueblo que se está levantando y que les dice a los gobiernos y a los multimillonarios a los que sirven: ¡basta ya!
En líneas generales, las marchas se desarrollaron pacíficamente, registrándose altercados menores en Lyon y Nantes, donde los cuerpos de seguridad recurrieron a dotación antimotines, así como al concluir la movilización en París. En respuesta, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, conservó el operativo de 70.000 efectivos desplegado inicialmente el sábado 24 de octubre, tras los desmanes y pillajes ocurridos el día 17.
Como aspecto destacado de esta jornada, coincidieron simultáneamente otras dos protestas: una dirigida contra la iniciativa legal sobre la presunción de legítima defensa para los cuerpos policiales, calificada por sus opositores como un derecho a matar, y una segunda marcha orientada a repudiar toda clase de violencia hacia la infancia y la adolescencia, abarcando ámbitos sexuales, psicológicos, educativos y económicos, la cual tuvo repercusión en catorce urbes, incluyendo la capital.