Un proceso legal de diez años impulsado por defensores de los derechos LGBT+ en Trinidad y Tobago ha concluido de forma exitosa después de que la más alta instancia judicial del país derogara una normativa histórica que sancionaba los vínculos afectivos entre personas del mismo sexo.
El Comité Judicial del Consejo Privado, radicado en el Reino Unido y tribunal de última instancia para Trinidad y Tobago, resolvió de forma unánime este martes que la Ley de Delitos Sexuales de 1986 no resulta aplicable para sancionar penalmente las prácticas íntimas consentidas entre adultos del mismo sexo.
Este fallo, calificado como un hito para las garantías LGBT+ en la región caribeña, invalida una norma que establecía sanciones de hasta dos años de cárcel por el delito de indecencia grave y de cinco años por sodomía.
Tras conocerse la resolución, el activista trinitense Jason Jones expresó que su labor en los meses siguientes se centrará en un activismo muy enfocado en la manera en que el Caribe y Trinidad y Tobago combaten la homofobia arraigada.
El despacho Freedom Law Chambers, encargado de la defensa de Jones, calificó la resolución como un triunfo para los derechos de los homosexuales, la dignidad igualitaria y la protección de la vida personal y familiar en territorio trinitense. Asimismo, el Comité Judicial del Consejo Privado recalcó en su fallo que las salvaguardas constitucionales deben interpretarse de modo que resulten funcionales y vigentes en el presente y no en el pasado.
Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, valoró positivamente el dictamen y lo catalogó como un paso significativo en favor de la igualdad y los derechos fundamentales.
Türk manifestó su confianza en que este veredicto ayude a erradicar un origen histórico de discriminación, marginación, obstáculos y agresiones que enfrentan los habitantes de Trinidad y Tobago debido a su identidad de género y orientación sexual.